Píldoras contraceptivas y otros abortivos (IX)

Que el aborto tiene graves implicaciones sobre quien lo práctica, o quien lo permite, no cabe duda, y la gravedad es tanto mayor si la actuación favorable al aborto se camufla bajo la voluntaria ignorancia que acepta, sin más, la falsedad en la terminología científica. 

Clarifica ejemplarmente esta cuestión el Prof Gonzalo Herranz:

“Decir “contragestión” (contracepción) en vez de aborto desconecta tal acción de cualquier implicación moral... Todo queda sometido a las meras leyes civiles que regulan la práctica del aborto y a la política de la eficiencia técnica y del control demográfico. 

El cambio léxico quiere además dar a entender que la preocupación por la significación antropológica y moral de la fecundación, una simple etapa más de un continuo biológico, es algo obsesivo, infundado. 

Introducido el neologismo, se convierte automáticamente en perverso o, al menos, oscurecedor y de mal gusto, utilizar, al tratar del aborto, expresiones como asesinato, matar, que están dotadas de contenido moral. 

El término “contragestión” (contracepción) no es sólo atraumático: anestesia la conciencia moral, pues ya no despierta una asociación de ideas con el proceso de transmitir la vida y con el papel que en él juega la mujer, sino sólo con la administración general de unos asuntos.

Todos sabemos cuán necesario es en el contexto científico utilizar una terminología precisa, inequívoca. 

El lenguaje de la ciencia es un instrumento de alta precisión, en el que las palabras han de designar las realidades con una objetividad descarnada. 

El buen científico sabe trazar una nítida separación entre los datos observados y comprobados y las hipótesis imaginadas o explicaciones plausibles, pero todavía no demostradas. No le es lícito al científico falsificar la realidad, ni negar su existencia o la de alguno de sus componentes.” Gonzalo Herranz, conferencia “La píldora RU-486 y otros abortivos: ¿El control natal del futuro?”, en el Congreso Internacional por la Vida y la Familia. Santiago de Chile, 20 de agosto de 1994.