“Con respecto a la calidad científica, la actuación del objetor no puede ser nunca contrarracional; no puede chocar con la medicina seria, basada en pruebas.
Ha de contar con el apoyo de argumentos científicos positivos, no simplemente de conveniencias administrativas.
En último término, el aborto no es solución médica superior a las otras alternativas que el médico renuente al aborto pueda ofrecer.
La decisión de tratar la enfermedad de la mujer sin recurrir a la destrucción del ser humano no nacido representa una actitud profundamente profesional, que está en el origen de los más notables progresos de la atención al embarazo.
Ante la díada madre-feto, el médico se siente obligado a servir por igual la vida y la salud de sus dos pacientes: la mujer embarazada y el hijo por nacer. Hoy, a la vista de los avances en la asistencia clínica, es refutable la noción de que el aborto sea el tratamiento de elección de ninguna enfermedad de la madre, tan superior a las otras alternativas terapéuticas, que no practicarlo significa quebrantar gravemente el precepto médico de no dañar.
El aborto no puede ser definido como tratamiento ético obligado del feto enfermo.
Es extraña a la Medicina la idea eugenista de que los seres humanos han de estar libres de imperfecciones. No cuadra con la vocación sanadora del médico ser agente de la “tiranía de la normalidad”: a todos sus pacientes ha de atender con la misma diligencia y solicitud, sin discriminación alguna. Para él, todas las vidas son igualmente dignas de respeto.
El hombre enfermo, antes o después de nacer, se le presenta como alguien que, por muy plagado que esté de enfermedad, siempre merece su aprecio humano y sus cuidados basados en los conocimientos científicos vigentes. La medicina científica no cuida de organismos biológicos perfectos, de floreciente calidad de vida, sino de seres de carne y hueso, sellados a la vez por la dignidad y la flaqueza, a veces, demasiada flaqueza.” Gonzalo Herranz, Conferencia en el Curso de Derecho Sanitario. Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. Granada, 2 de mayo de 2007.
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